El primero de ellos fue la elección de Jovino Novoa como presidente del Senado. Conocida es la trayectoria del hoy senador y antes vocero de la dictadura militar.  También su complicidad y silencio con los crímenes de lesa humanidad del régimen que integró, de los que nunca ha manifestado arrepentimiento.  Se trata de hechos por todos sabidos y que, por lo mismo, no vamos a abordar aquí.

El segundo de ellos es la “nominación” de Felipe Harboe como diputado de la República por el distrito 22 en reemplazo de Carolina Tohá, quien dejará su cargo de elección popular voluntariamente para asumir como Ministra Secretaria General de Gobierno. Si bien este tipo de nominaciones parlamentarias no son nuevas en el país, por cuanto han ocurrido anteriormente en varias ocasiones, éstas no dejan de sorprender desde la perspectiva de un derecho humano tan básico como el que todos tenemos a la participación política, ya sea en forma directa o a través de representantes libremente elegidos.

Lo que resulta al menos dudoso en una democracia representativa es la pertinencia de la designación de un parlamentario por un partido político, cualquiera que este sea, frente a la renuncia voluntaria a su cargo de uno de sus integrantes.  Cabe preguntarse al respecto ¿Qué piensan los ciudadanos del distrito 22 del enroque de Tohá  por Harboe? ¿Puede el ahora diputado Harboe representar los intereses de ciudadanos que no conoce? ¿Más aún, saben los ciudadanos quién es el Sr. Harboe quien ahora los representa en el Congreso?  Lo más probable es que no.

Según el presidente del PPD, Harboe ha sido propuesto para desempeñar este importante cargo de representación popular por cuanto tendría “cualidades políticas, profesionales y morales, para sustituir con bríos a Carolina Tohá”.  Los ciudadanos del distrito 22 tienen derecho a conocer de estas cualidades.  Al respecto cabe informarles que Harboe, además de desempeñarse como Subsecretario del Interior, primero de Lagos y después de Bachelet, presidió la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones, antes de que se creara la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).  Es importante que estos sepan además que dado su celo por el orden público, fue amigo y admirador del fallecido General Bernales, y llegó a ser conocido tanto dentro como fuera de La Moneda como el “sheriff Harboe”. No sólo ello, Harboe negó sistemáticamente y encubrió situaciones de violencia policial en contra de defensores de derechos humanos, en particular defensores de derechos del pueblo mapuche, que le fueron denunciadas reiteradamente por instancias nacionales e internacionales de derechos humanos, entre estas últimas, entidades de las propias Naciones Unidas.

Cabe preguntarse además: ¿Si los ciudadanos del distrito 22 hubiesen sabido quien era Harboe, podrían haber impedido su nominación?  La respuesta es categórica; no.

Los dos hechos de los que aquí se da cuenta han sido posibles al amparo de una Constitución Política, la de 1980, que luego de 28 años de vigencia, y a pesar de sus múltiples modificaciones, está lejos de garantizar una democracia política, económica y social en el país.

La elección de Novoa como Presidente del Senado sólo puede ser posible en el marco del  sistema electoral binominal establecido por dicha Constitución, sistema que el bloque que él representa, por razones obvias, se niega -y posiblemente seguirá negándose- a reformar.  Es pertinente recordar al respecto que el  propio Comité de Derechos Humanos de la ONU sostuvo el 2007 que el sistema electoral vigente resultaba violatorio de derechos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Chile (artículos 3 y 25), al impedir que los ciudadanos tuviesen una representación parlamentaria efectiva.

La designación de Harboe en la Cámara en reemplazo de Carolina Tohá, también es posible al amparo de una Constitución que no garantiza adecuadamente el derecho a la participación de los ciudadanos en la dirección de los asuntos públicos del país.  Ello, y no otra cosa, explica el evidente desinterés de los jóvenes de participar en los procesos eleccionarios a los que periódicamente se les convoca.  Explica también la creciente protesta social de sectores como los trabajadores, estudiantes, comunidades locales e indígenas excluidos de participar de las instancias en que se toman decisiones de los asuntos que les afectan, como el Congreso Nacional.

Son sólo dos ejemplos de que la carta fundamental que nos rige, surgida en un contexto dictatorial, lejos de posibilitar una convivencia democrática en el país, se ha transformado en una amenaza a ella, impidiendo el ejercicio de derechos básicos, como el de la participación política, así como la mentada cohesión social.

Sobre la necesidad de transformar esta carta, existe hoy un consenso creciente.  A las voces de los sectores hasta ahora excluidos del sistema político, se suma ahora la del candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei.  Las discrepancias están solo en el procedimiento; mientras que para este último y sus equipos políticos dicha reforma debe generarse en el Congreso actual, para los primeros ella solo será posible a través de una asamblea constituyente, que sea representativa de la ciudadanía en su totalidad, y no de un parlamento como el actual.

El desafío está planteado. Mientras más nos demoremos en abordarlo, los Novoa y los Harboe seguirán siendo actores gravitantes en el escenario de la política oficial, a la que quienes no militamos en sus coaliciones, no estamos invitados a participar.

Por José Aylwin

Abogado y codirector del Observatorio Ciudadano.

Hubo intentos de democratizar el Banco Central y hacer que el Estado tuviera algún control a través de la ley 8.707 del año 1946, donde se estableció que debía haber dos senadores y dos diputados dentro de la directiva del banco. Ya con la participación de parlamentarios, en 1953 se decretó mediante una ley Orgánica (decreto 106) el rol del Banco Central de elaborar políticas que “permitan el mayor aprovechamiento de los recursos productivos del país”, es decir ya tendría cierto rol en la economía productiva.

Con el rol productivo incorporado, ahora se agregaría que el Banco Central podría dar créditos al Estado y entidades semifiscales. Se le dio más poder en 1960 respecto al control del crédito. Se asegura un equilibrio en la dirección del banco quedando 5 directores a elección de los bancos y las grandes empresas, 4 de elección del presidente y 1 de los trabajadores. Esto permitiría a los gobiernos siguientes, como el de Frei Montalva y sobre todo de Salvador Allende, impulsar políticas potentes de nacionalización de los recursos productivos más importantes del país como es el cobre y toda la minería, así como impulsar la reforma agraria. De esta manera el Banco central se podría mantener más o menos libre de influencias políticas y económicas provenientes de las grandes potencias neoliberales como Estados Unidos.

Sin embargo, pese al avance económico y productivo del país, fruto de la nacionalización del cobre, la democratización de la industria, el término del latifundio, todo fue cortado, con violencia, por la oligarquía respaldada en el ejército. Realizarían un Golpe de Estado que acabaría con el proceso democrático que vivió Chile de manera progresiva durante el siglo XX. En 1973 la mano de Estados Unidos se metería con fuerza, en alianza con la oligarquía chilena, para acabar con todo lo construido por este pueblo y destruir el Estado Chileno junto con la República.

En 1975, mucho antes de imponer la Constitución que elaboraba la Dictadura, la Junta Militar decreta que el Banco Central es totalmente autónomo, suprime toda influencia del Estado en la institución, lo privatiza retirando absolutamente la propiedad fiscal y pública del patrimonio del banco, ni siquiera bajo sistema de acciones. Sin embargo, como clara política de conveniencia, y en contradicción con la supuesta autonomía y desligamiento del estado, destituye a sus directores y nombra arbitrariamente a tres directores que integrarían el Comité Ejecutivo del banco (Presidente, Vicepresidente y Gerente General). También establecería la facultad de otorgar, casi sin limitación, créditos al Fisco, o sea a la Junta Militar, por lo menos hasta 1980, siendo una clara estrategia de financiamiento de la dictadura.

Esto queda comprobado al ver que en 1989, cuando ya el pueblo había elegido la libertad y habían decidido que se fuera Pinochet, promulgaron una ley Orgánica (basada en los artículos 97 y 98 de la Constitución del 80) que le quita la facultad al Banco Central de otorgar créditos al Estado. El Banco Central ni siquiera tiene la obligación de dar cuenta pública de sus operaciones al congreso o la contraloría, no puede ser fiscalizado por el Estado, siendo que se funda bajo fondos públicos. Puede hacer y deshacer en completo libertinaje.

Con la Constitución del 80 es primera vez que se le da carácter constitucional a estas reglas que aseguran la no participación del pueblo en las políticas monetarias y hacen dependiente nuestra economía de la voluntad de unos pocos. No existe ningún otro país en el mundo donde el Banco Central tenga tantas atribuciones y de manera tan desregulada.

Esto permanece sin cambio alguno hasta el día de hoy, debido a que, así como lo hicieron con el Banco Central, durante la dictadura aseguraron que todas las instituciones del Estado funcionaran bajo sistemas antidemocráticos, con nula participación de la ciudadanía, se privatizaran automática o progresivamente, otorgándole carácter constitucional a estos sistemas y asegurando que nunca sean cambiados, mediante el sistema Binominal de elecciones parlamentarias que solo permite la participación de dos bloques políticos que se mantienen siempre en un 50 y 50 del parlamento siendo imposible aprobar cualquier iniciativa de cambio constitucional, que requiere siempre más de los dos tercios.

La única forma de realizar un cambio profundo que permita recuperar la Soberanía de nuestros asuntos, es realizando una Asamblea Constituyente que rompa con el régimen establecido y permita al pueblo redactar una nueva constitución y elegir democráticamente cómo quiere que sea su país. Así estaríamos cumpliendo con nuestro derecho inherente a refundarnos como República.

El Banco Central no puede seguir siendo autónomo, pues usurpa el más sagrado derecho de todos los ciudadanos, el de la soberanía. Al pertenecer a manos privadas, autónomas, que ni siquiera tienen que rendirle cuentas a nadie, el Banco Central se transforma fácilmente en un tirano opresor que puede hacer lo que quiera con un país entero; como un niño caprichoso que maneja el dinero de toda una familia.

Con esta institución y el resto de los sistemas que impone la Constitución, Estados Unidos aseguró la subsistencia del sistema económico neoliberal más terrible en este país, manteniendo la usurpación de sus recursos naturales y sosteniendo una dictadura que aun perdura bajo la sombra de una Constitución.

Por Matías Sagredo Z

Coordinador Red de Estudiantes y ciudadanos por la Asamblea Constituyente

Tal borregos nos mantienen teniendo el Municipio y el Ejecutivo amplias facultades para el uso de plebiscito, éste aún parece estar truncado por falta de conocimiento de la autoridad local o por notable abandono de deberes al no consultar al pueblo que le ha elegido ¿Pueblo ahora qué quieren? , por último en señal de cortesía por el apoyo brindado para la población que va a los comicios de elección de representantes.

El avance truncado de la democracia en Chile por una dictadura de 17 años y 20 años de gobierno aliancista-concertacionista de “10 capitalistas” ayudados por el clientelismo de la clase partidista, nos tienen hoy en un estado de indefensión ante el capital transnacional inescrupuloso, al que Ominami junior ha propuesto entregarles otro cinco por ciento de Codelco, sin rectificar a la fecha, con propuestas como que el cobre es chileno y a la refinación, están invitados, pero por ello pagan tributo y en beneficio de los pueblos de Chile por dar un ejemplo. La consulta a la ciudadanía sigue restringida pese a que en el programa de gobierno de Michelle Bachelet se hablaba de gobierno ciudadano, iniciativa ciudadana de Ley y materias referentes a el avanzar a la concreción de un sistema democrático que terminando su período sigue siendo oligárquico, y desigual.

En gobierno “socioslistos” han seguido gobernando el neoliberalismo traído por los chicago boys, Guzmán y la Constitución dictatorial que consagra el saqueo a los pueblos de Chile. Un modelo diseñado por la extrema derecha y bien administrado por la Concertación, que dicho sea de paso engordó a algunos peces vendiendo Matria y dejando al cardumen esclavo de un sistema apoyado por una maquinaria de mass media alienados con una ideología de catacumbas.

En penumbras sin embargo parte de los pueblos una lux percibió, reaccionado al fotón que no estaba en laboratorios de un LHC, si no el uso de la memoria política, en el estudio de las épocas de ágora, donde florecía el talento llenando de luz la vida de la ciudad la búsqueda de la verdad y no se ponían mantos sobre el oscurantismo imperialista de quienes se creyeron los elegidos.

La expansión de un timador Occidente, está en manos del “Juicio Final”, dictado por quién, por quienes tengan el coraje suficiente de enfrentar a la gran patraña, aquellos iluminados que iluminan con solidaridad y acciones directas por hacer posible que sean solo los pueblos y nadie más quienes decidan su futuro. Si la noosfera existe, hay un sentimiento común en oportunidades, un halo imparable que casi se puede olfatear, pero lo que resulta más extraño es por qué existe desconexión de la voluntad terrestre, con las determinaciones de la tecnocracia dominante. ¿Ansias de poder de una clase inteligente? ¿Imposición verticalista?

El recuperar la democracia y las consultas ciudadanas desde los pueblos y para los pueblos, es nuestro desafío y para ello solo hizo falta un correlacionador del juego en que nos hemos visto envueltos, mirar la vecina Bolivia, la hermana Venezuela, pensar a la técnica no para controlar, sino para satisfacer necesidades populares de participación, aún no resueltas por una transición incompleta de origen golpista que siempre ha temido a la manifestación soberana de una Asamblea Constituyente y Ciudadana.

Un periodista libertario llamado Francisco Luna, en Asamblea lo propuso racionalmente: “que se incluya en la papeleta de diciembre la elección de Presidente y se plebiscite a la vez la necesidad de Nueva Constitución mediante Asamblea Constituyente, aprovechemos bien el papel”, insistió . La duda era qué diría al respecto el Tribunal Constitucional y el Tribunal Calificador de Elecciones, pero si fuese posible, reflexionamos, sería un proceso vinculante que coronaría el Bicentenario si así lo determinase la Presidenta como sello democrático para quien venga, y mejor aún, quien le suceda estaría por voluntad popular encargado de transitar al estado de Asamblea Constituyente, sin por ello perder el orden, en un país que se cree Tercer Mundista y lo ha sido a medias.

Ni diputados, ni senadores, ni Presidentes, Cuarta Urna y Asamblea Constituyente

Por Bruno Sommer

El Ciudadano